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El predicador evangélico de nombre Josmar Flores Pereira, de nacionalidad boliviana, pero radicado en México desde hace varios años, mantuvo secuestrado un avión de la empresa Aeroméxico que cubría la ruta Cancún-México, D.F. Este acontecimiento prendió la alerta de seguridad nacional, movilizó a cuerpos policiacos, agentes y personal de aviación civil. Todo porque a este personaje, supuestamente Jehová lo eligió para dar un mensaje al Presidente Felipe Calderón: presagiarle un terremoto que sacudiría el país precisamente el 9-09-2009.  

Afortunadamente, el incidente no pasó de un susto, el avión pudo aterrizar en el Aeropuerto de Ciudad de México, las fuerzas policiacas lograron detener dentro del mismo al secuestrador, quien pedía la asistencia del Presidente de la República para comunicarle los designios de divinos. Por unas horas, la atención nacional estuvo centrada en la incertidumbre y la angustia, especialmente por no estar acostumbrados a este tipo de delitos. 

Me enteré que el predicador y además cantante, está registrado como ministro de culto en la Dirección General de Asociaciones Religiosas, es decir tiene el respaldo moral y jurídico de una Asociación Religiosa. Esto me lleva a una reflexión que deseo compartir con ustedes. En 15 años de vigencia de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, han obtenido su registro como  asociaciones religiosas, más de siete mil iglesias, agrupaciones y comunidades religiosas. Lo anterior ha generado un nulo control del Estado mexicano de aquellas que sólo son un parapeto para realizar otros fines que nada tienen que ver con lo religioso. En otras palabras, tanto usted como yo podemos registrar una asociación religiosa, cumpliendo con una serie de requisitos que marca la propia ley. Por tanto, disfrutar de los beneficios que nos concede dicha figura jurídica, entre otros: trato fiscal favorable como persona moral, sin fines de lucro; la utilización de bienes inmuebles propiedad de la Nación; introducir al país a ministros de culto del extranjero, entre otros. 

El caso de Josmar, no es el único que ha llamado la atención de los medios de comunicación y de la opinión pública. El primero, sucedió en el estado de Tabasco, el mes de enero pasado un pastor evangélico (no registrado ante la Dirección General de Asociaciones Religiosas) roció con una sustancia líquida unas 23 piezas arqueológicas conocidas como las Cabezas Olmecas, ubicadas en Parque museo de La Venta en la capital Villahermosa, causándoles daños irreversibles. Todo, por una supuesta orden celestial que le instruyó a destruir estas obras prehispánicas, legado de una de las más grandes civilizaciones mesoamericanas 

El otro, hace apenas unas semanas nos enteramos de la conclusión de una investigación judicial relacionada con la desaparición de varios menores de edad de los albergues “Casitas del Sur”, con propósito de tráfico de menores y explotación sexual comercial infantil. Los responsables de estos delitos, son pastores y asociados de una Iglesia evangélica con registro como Asociación Religiosa denominada Iglesia Cristiana Restaurada. 

Uno más, durante el mes de agosto pasado, las autoridades brasileñas abrieron una investigación judicial contra el líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios “Pare de Sufrir”, Edir Macedo y algunos de sus seguidores por los cargos de asociación ilícita y lavado de dinero. Lo que a todas luces es una grata noticia, con la esperanza de que por fin alguien pueda frenar el mercantilismo de la fe, que promueve este grupo de corte pentecostal brasileño, con presencia significativa en varios países latinoamericanos, incluyendo el nuestro. 

Podemos observar que fundamentalismos se gestan en todos lados. Por esta razón, quiero reflexionar con ustedes acerca del daño que causa a la sociedad un grupo que aparenta fines religiosos  y como tal obtiene el reconocimiento jurídico y termina realizando otros fines. De ahí la necesidad que el Estado tenga un control más estricto sobre los grupos que al amparo de la libertad religiosa persiguen metas completamente distintas a las protegidas por este derecho fundamental. 

Por último, hace unos días le escuchaba decir al Dr. Juan G. Navarro-Floria, presidente del consorcio latinoamericano de libertad religiosa,  del fenómeno que se está registrando en algunas regiones de América Latina, consistente en el reemplazo del catolicismo por algunas formas de fundamentalismo evangélico. Lo cual me parece grave. De ahí la insistencia a estar atentos a estos acontecimientos de los cuales empezamos a tener noticias.  

* El autor es miembro del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa.