Las objeciones de conciencia de los trabajadores de la salud un reto de la bioética*

 

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La objeción de conciencia, o mejor deberíamos de decir las objeciones de conciencia, son una figura jurídica que surge como el resultado de la confrontación entre las obligaciones que impone una norma o ley considerada injusta, contra el “derecho” personal a disentir de ella. Las razones esgrimidas por el objetor pueden ser por muy diversas razones, entre las cuales están las relativas a las creencias, ideología, filosofía o religión, son estas convicciones personales las que impiden que el ciudadano actúe en contra de su conciencia, así es entonces que puede entenderse la objeción, como la negación de una persona a observar una conducta ordenada por una ley, argumentando para ello “motivos personales superiores” (sea de convicción ética o moral). 

Las primeras objeciones de conciencia en la época moderna aparecieron en  el ocaso del siglo XVIII, cuando un grupo de jóvenes españoles se opusieron ante los ordenamientos jurídicos que les obligaban al servicio de las armas, aduciendo convicciones pacifistas y de respeto a la vida humana y por tanto negándose a cualquier forma de colaboración que apoyara directa o indirectamente a una invasión colonial, transformada en un conflicto bélico. 

A esta primera objeción de conciencia, que fue por cierto rápidamente aceptada en las nacientes democracias europeas, se sumaron en los siguientes años nuevas figuras de objeción de conciencia, sobre todo en aquellos casos en los que el objetor consideraba que existía una verdadera agresión a sus derechos, lo que resultó en que se diera prioridad a la dignidad de la persona humana, antes que a los intereses de la sociedad y del Estado, en los países democráticos pronto se aceptaron las objeciones de conciencia, con la idea de que a nadie se le puede obligar a actuar contra sus principios, creencias, ideología y convicciones filosóficas, religiosas o de cualquier otra índole. 

En los estados democráticos de la era moderna, el rechazo de los ciudadanos  a una ley que atente contra su conciencia, se acepta como un proceso que además de expansivo se observa en situaciones cada vez más amplias. 

En muchos países se contempla el derecho a la objeción de conciencia y se consagra ya sea en las Constituciones o en leyes secundarias, tal es el caso de esta figura en España, Holanda, Bélgica, Italia, Noruega, Francia y muchos países más. 

En el caso específico de las profesiones vinculadas al trabajo en salud, la confrontación entre las leyes y la obligación de cumplirlas, han dado origen a nuevas objeciones de conciencia, tal es el caso de la objeción de conciencia a practicar abortos y la interrupción del embarazo en aquellos países en que han despenalizado la prohibición al aborto, donde además se protege al objetor en su ámbito laboral y se evita la discriminación de quien así se manifiesta, en el mismo sentido en los países donde esta a la venta la píldora del día siguiente, algunos farmacéuticos han decidido no venderla en sus establecimientos sin que por esto se les imponga ninguna sanción. 

Existe la objeción de los trabajadores de salud, a la participación en la práctica de la eutanasia, en los dos países que ya lo permiten, la objeción a la participación en cirugías mutilatorias, como la emasculación y castración en el errónea y falazmente denominado “cambio de sexo”. 

Existen también las objeciones de conciencia laboral, cuando el trabajador se niega al cumplimiento de ciertas obligaciones que le impone un trabajo y son  contrarias a sus creencias, o bien laborar en días dedicados a las actividades de su profesión religiosa y esta objeción ha sido planteada sobre todo por judíos, adventistas, testigos de Jehová y musulmanes. 

Las objeciones de conciencia, también se presentan en la negación a utilizar símbolos patrios o de orden civil, y a determinadas formas de educación incluyendo tomar algunas asignaturas, a la escolarización de los hijos, y que decir de la objeción de conciencia del orden cívico o a la innovación tecnológica, la objeción de conciencia al voto obligatorio, o a formar parte de una mesa electoral, por mencionar solo algunas. 

Las libertades de conciencia, en el marco de las leyes mexicanas, se encuentran en las reformas constitucionales de 1992 y en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, sin embargo, existe un rezago en materia de la aceptación de la figura de la objeción de conciencia, quizá como una rémora de la tradición anti democrática vivida por más de 70 años. 

Esta situación debe ser corregida a la brevedad, no tan sólo por el hecho de que debemos acabar de transitar hacia una plena democracia, sino por el hecho de que algunas de las actuales leyes e imposiciones legales en México, definitivamente atentan no tan sólo contra convicciones y creencias personales, sino francamente en contra de la vida y la dignidad de la persona, como ejemplo verdaderamente patético está el hecho de que en la cartilla nacional de vacunación de la Secretaría de Salud federal, se atente contra los jóvenes mexicanos y se violente la libertad de los padres a la libre educación de sus hijos. 

La certidumbre y libertad que otorga la objeción de conciencia, dará como resultado que no sólo los trabajadores de salud, sino los usuarios de los servicios de salud, puedan oponerse a la realización o utilización de ciertos procedimientos, tratamientos y tecnologías que les son contrarias a sus creencias filosóficas, políticas, religiosas o ideológicas, especialmente toma vigencia este viejo reclamo social cuando los legisladores han despenalizado la destrucción de embriones, el aborto e incluso se presentan iniciativas de ley que piden abiertamente la eutanasia, es decir cuando lo que han legalizado es el homicidio y que decir de quienes incluso se han atrevido a proponer la clonación terapéutica, la patente del genoma humano, por mencionar unos cuantos ejemplos de la ceguera ética de la mayoría de los diputados y senadores. 

En ese sentido la responsabilidad social, es que se debe conminar al gobernante, en dotar a los ciudadanos del recurso legal para las libertades de pensamiento, de conciencia y de religión, asegurando que éstas queden en el catálogo de los derechos humanos, patrimonio jurídico básico de la persona humana y que todo Estado que se considere democrático esta obligado a tutelar. 

La objeción de conciencia de los trabajadores de salud se ha convertido en objeto de debate, ya que es lógico que en la medida que crece el pluralismo ético de nuestra sociedad, crezca el número de episodios de las objeciones de conciencia, es decir, se produzcan situaciones de conflicto entre lo que prescriben las leyes, ordenan los funcionarios sanitarios, desean los pacientes y lo que el trabajador de salud puede hacer en conciencia.  

El objetor en razón de sus convicciones personales se puede negar a intervenir en procesos contrarios a sus creencias y como signo de madurez cívica y de progreso político, la sociedad debe aceptar el gesto de la objeción, sin tomar represalias o ejercer discriminaciones. La tolerancia a la genuina objeción de conciencia es algo connatural a la sociedad contemporánea, en la que el pluralismo ético es aceptado como una realidad privilegiada. 

Las objeciones de conciencia, deben ser promovidas por los eticistas y las comisiones de derechos humanos y ser apoyadas por las asociaciones y sociedades de las profesiones vinculadas a la salud, tanto en instituciones públicas como privadas o sociales y la sociedad debe intervenir para hacer valer el derecho del ejercicio profesional en un correcto cauce ético. Comprendiendo que el mayor beneficiario al respeto de los derechos humanos, en este caso el de la objeción de conciencia, es el ciudadano y en el ámbito sanitario, el usuario de los servicios de salud. 

En la medida que en nuestro país se han fortalecido las prácticas democráticas, se han consolidado los derechos humanos y se ha evolucionado con el reto de la modernidad, se han abierto los canales para que, en plena libertad y con mayor fuerza, los individuos, agentes sociales y sociedad organizada manifiesten sus creencias y sentir. No es en vano que nuestra Constitución, en su artículo 4°, reconozca el carácter pluricultural que compone al país. 

La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos. La fomenta; el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento de conciencia y de religión. La tolerancia consiste entonces, en la vida en armonía en la diferencia. No sólo es un deber ético o moral, sino además una exigencia cultural, política y jurídica. La tolerancia, es sin duda la principal virtud que hace posible la paz, contribuye a sustituir la cultura de confrontación y crea una cultura de armonía social. 

La objeción de conciencia, surgió en los estados democráticos, lo cual no fue motivo de la casualidad y sí de una cultura que hizo conciencia de la pluralidad, que fomentó la tolerancia, lo cual resultó en una actitud de  respeto a la otredad, y ésta posteriormente, se tradujo en exaltar y promover la libertad de cultos, la libertad de imprenta, a la propiedad intelectual, etc.  

Estas actitudes evolucionaron al reconocimiento de una libertad de conciencia individual, fundada en los derechos humanos y en la autonomía de la persona humana. 

El que cada persona pueda abstenerse del cumplimiento de ciertas normas y disposiciones aludiendo motivos de conciencia en cualquiera sociedad contemporánea y democrática, responde a la aplicación concreta del derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de creencias. Ante ello, la conducta de la persona que se niega a cumplir una norma jurídica, debe considerarse legítima y por tanto debe ser liberada del ordenamiento jurídico, y qué mejor que la propia ley establezca las hipótesis donde no se transgreda el marco jurídico ni se vean afectados los intereses de otras personas. 

El reto en este campo es dar cabida, en esta sociedad plural, democrática, tolerante, incluyente y respetuosa, a las distintas formas de pensar, no sólo en el discurso y en la retórica política, o en el catálogo de buenas intenciones de los gobernantes, sino en el ejercicio concreto de los derechos. 

En el terreno de la salud, en el cual se requiere un amplio conocimiento del ser humano, no tan sólo en los aspectos biológico y orgánico, sino en lo psicológico, espiritual y social, aparecen  situaciones que por su contexto resultan objetables a la luz de la conducta profesional. 

Nunca un prestador de servicios de salud podría abstenerse de ofrecer sus servicios a un usuario, si de por medio esta la vida o el deterioro de la salud del mismo. Y solamente podría objetar por razones de conciencia o convicción clínica, servicios que implicaran procedimientos que nada tuvieran que ver con aliviar el dolor o sanar la enfermedad y que si implicaran en el prestador una contraposición a sus principios deontológicos y de convicción individual.  

La objeción de conciencia interpuesta por el personal de la salud no pugna ni pretende evitar un determinado tratamiento, simplemente busca que se le permita no participar en tal procedimiento. Más aún, es importante destacar que la objeción de conciencia no exime la responsabilidad civil del personal de la salud. 

De igual modo, el desacuerdo aludiendo motivos de conciencia jamás podrá suponer, para el que objeta, la obtención de ventajas laborales, esto degradaría su dignidad ética por lo que no se acepta para reducir la carga de trabajo o para excluirse de servicios molestos. Peor aún resultaría, que practicara la tarea objetada en su accionar privado buscando beneficios pecuniarios. El trabajador de la salud demostrará la rectitud de su intención cumpliendo la tarea que se le asigne, para sustituir el trabajo del que se ha abstenido por razón de conciencia.

*Realizado por Gabriel García Colorado, Director de la Asociación Mexicana de Bioética y Derechos Humanos (AMEBIODH) /Carlos Cesar Montiel, Director del capítulo Objeción de Conciencia de la AMEBIODH.

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